Una semana no fue suficiente para comprender plenamente lo que sucedió en los territorios indígenas de Panamá.
Puede resultar difícil no extraviarse entre las notas de prensa que en un inicio retrataron solamente una protesta incómoda, y las que realmente han buscado analizar una situación que podemos entender como un caso de injusticia ambiental y deuda ecológica. La responsabilidad de la prensa en estos casos es un tema que corresponde a otro artículo, ciertamente.
Hagamos un rápido viaje mental a este país, el último de América Latina en contar con una Ley General del Ambiente, a finales de los años noventa. Políticamente, Panamá está dividida en nueve provincias, tres comarcas indígenas establecidas por ley (Ngäbe-Buglé, Kuna Yala y Emberá-Wounaan), 75 distritos y 621corregimientos, de los cuales dos son comarcales (Kuna de Madungandí y Kuna de Wargandí).
El paisaje panameño presenta grandes contrastes. Por un lado las zonas más urbanas e industrializadas cercanas al canal; por otro, las extensas áreas de producción agrícola, ganadera y de silvicultura; y las zonas de transición, como la que forma la comarca Ngäbe Buglé, una de las regiones más pobres del país.
La población de las comarcas representa el 5.6% de la población total de Panamá, y de ese porcentaje un 4.2% corresponde a la comarca Ngäbe-Buglé, según el informe GEO Panamá de 2009 que se publica cada 5 años. Ese mismo porcentaje de la comarca Ngäbe-Buglé correspondería, en Costa Rica, aproximadamente a la población total de los cantones de Tibás, Moravia y Montes de Oca juntos, y a más del doble de nuestra población indígena total.
Estas comarcas están protegidas, territorial y culturalmente, por la legislación nacional, en la que se reconoce su autodeterminación, la propiedad comunitaria de la tierra en estas áreas y la necesidad de los procesos de consulta. La legislación reconoce también la estructura política de estos pueblos, a través de los llamados Congresos Generales.
Destaquemos entonces que, según la legislación panameña, los pueblos indígenas tienen derecho y autoridad sobre sus tierras y las actividades que se desarrollen en ellas. Por otro lado, la legislación ambiental indica que los recursos no renovables del subsuelo (minerales, hidrocarburos, etc.) son propiedad y están bajo la tutela del Estado. Complejo comprender cómo estos dos cuerpos legales interactúan con una visión de mundo indígena donde la tierra y lo que hay debajo de ella son una unidad.
En el tema ambiental, Panamá es uno de los dos países de Centroamérica que carecen de un Ministerio del Ambiente, teniendo en su lugar la figura de secretaría o autoridad nacional adscrita a otra dependencia. El otro país en esta misma situación es Honduras. En lugar de un ministerio Panamá cuenta desde 1998 con una Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), entidad autónoma del estado en materia de Recursos Naturales y del ambiente. Curiosamente, esta autoridad está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (este ministerio aprueba su presupuesto y actúa como enlace para gestionar proyectos de inversión y cooperación internacional).
La ANAM es la misma entidad que se ha visto en medio de una polémica por la aprobación de los estudios de impacto ambiental para más de 60 proyectos hidroeléctricos en una sola cuenca, en Chiriquí. Con esta acción, el 98% del agua que corre anualmente por el Río Chiriquí Viejo estaría concesionada para hidroeléctricas, dejando sólo el 2% para otros usos, incluyendo el consumo humano, esto según estudio del 2008 realizado por el BID y la misma ANAM.
A este conflicto por las hidroeléctricas se suma el descontento por la resolución No. 187 de 2010, la cual autorizó al ministro de Comercio e Industrias a presentar al pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar el Código de Recursos Minerales panameño. El 28 de enero anterior concluyó el periodo de consultas sobre el proyecto, que incluye una modificación importante para permitir la explotación de recursos mineros por parte de empresas y gobiernos extranjeros, hasta ahora prohibido, y aumentar los ingresos del gobierno por la actividad minera, aumentando los cánones.
Queda en el aire la idea que sugieren intervenciones del presidente Martinelli: apertura para negociar en el tema minero dejando abierta la puerta a las hidroeléctricas. El proyecto busca además, concesionar territorios que son parte de la comarca Ngäbe Buglé, por ejemplo el yacimiento de 17 millones de toneladas de cobre de Cerro Colorado, lugar donde nacen los principales ríos no solo de esta región sino también de Chiriquí.
Panamá tiene tres grandes reservas de clase mundial de oro y cobre, con un valor de más de $200.000 y cuya explotación implicaría la tala de alrededor de 6.000 hectáreas de bosque. Es un recurso muy valioso que sería entregado en concesión, por lo que la solicitud de una moratoria y un referéndum parecía prácticamente inevitable.
Nos encontramos en esta discusión con puntos comunes cuando hablamos de explotación de recursos: un intento de exacerbar la dicotomía entre conservación y desarrollo, datos de cantidad de empleos que se generarían con los proyectos, promesas de mejora en infraestructura y aseveraciones de que el dinero que obtendría el gobierno podría garantizar la continuidad de programas sociales como el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social panameña. Lugares comunes en la argumentación para justificar los grandes proyectos de explotación de recursos naturales.
Según el informe GEO Panamá 2009, para ese año solamente en 5 regiones del país no se encontró ríos con contaminación orgánica significativa; una de estas regiones fue precisamente la comarca Ngäbe Buglé. Datos que nos llevan a pensar en la justicia ambiental y en lo que un pueblo que protege los recursos naturales del país debería esperar de las políticas públicas.
Históricamente nos ha resultado difícil en nuestros países balancear el interés nacional con el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas, el desarrollo con la conservación. Nuestros gobiernos parecen hacer un esfuerzo pequeño por comprender que el suelo y el subsuelo resultan inseparables en la cosmovisión indígena: para estos pueblos la tierra es una sola. También nos ha costado comprender que la respuesta a una consulta, puede ser no.
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